jueves, 23 de febrero de 2012
miércoles, 22 de febrero de 2012
Un futuro valenciano
Si Valencia es nuestra Grecia, nuestro futuro es Valencia: la tierra del inocente Camps, de la Gürtel y del honesto Carlos Fabra; la autonomía más arruinada de España, donde no hay dinero para la calefacción de los colegios, pero sobra pasta para un aeropuerto sin aviones. Lo que sucede en Valencia es un avance de lo que está por venir en el resto de España. Es nuestra Grecia, también en los porrazos. Pasó hace ya una semana y ayer volvió a suceder: los antidisturbios cargaron contra los chavales que se manifestaban pacíficamente, peligrosos críos de 16 o 17 años, que acabaron con la cara ensangrentada por reivindicar una educación de calidad; la letra con sangre entra. Varios periodistas también se llevaron su ración de porrazos, por estar allí para poder contarlo.
¿La justificación de esta desproporcionada actuación policial? La oficial es que estaban cortando la calle durante media hora (¡intolerable!). Ante tal china en el zapato, la delegación del Gobierno en Valencia decidió cortarse un pie: zurrar a los chavales y colapsar el centro de la ciudad en una persecución a los manifestantes que duró toda la tarde.
Pero el motivo real de esta dura respuesta policial que están estrenando en Valencia en realidad es otro. El Gobierno de Rajoy no está dispuesto a consentir que la calle se llene de estas protestas, que irán a más. Su solución es apagar el incendio con gasolina: una mano tan dura como desmesurada que lo único que conseguirá será agravar el problema y radicalizar las protestas. Tal vez sea ese el objetivo: una de las grandes virtudes del 15-M es, precisamente, su rechazo a la violencia. Si la respuesta ciudadana deja de ser pacífica, los de los porrazos habrán ganado.
Ignacio Escobar Público.es 21/2/12
domingo, 12 de febrero de 2012
Os dejo un buen artículo que sintetiza las medidas adoptadas por el Gobierno desde su llegada al poder
Rajoy juega a la contrarreforma
El PP ha llegado al poder con ganas de que se note. Y ya no queda prácticamente nadie que no lo haya notado. Hace solo dos semanas, en la primera comparecencia parlamentaria de Soraya Sáenz de Santamaría, Ramón Jáuregui, un histórico del PSOE siempre moderado y con buenas relaciones con la vicepresidenta, buscaba puntos de encuentro. Trataba de convencer al PP de que, por ejemplo, no revolucione RTVE y tampoco frene el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.
En la bancada del PP, como si aún estuvieran en la oposición, empezaron los rumores. Cada vez estaban más enfadados. “¿Están ustedes diciendo que RTVE no es ahora neutral?”, se preguntaba Jáuregui. “Cierto”, le contestaba Federico Trillo, un genuino representante del PP, que lo ha sido todo en el partido y ahora camina hacia la Embajada en Washington. Molesto con la sesión, Trillo salió un momento al pasillo. “¿Pero esto qué es? ¿Ahora nos van a contar que hay que seguir con la memoria histórica y que RTVE es neutral? ¿Para esto hemos ganado las elecciones con mayoría absoluta?”, comentaba en los pasillos con su conocida ironía. Una muestra más de las ganas que tiene el PP de darle la vuelta a todo lo que pueda.
Y puede mucho. En las últimas dos semanas, los ministros han anunciado una catarata de reformas, muchas de ellas pensadas para satisfacer a la parte más conservadora del partido, como la del aborto, la sustitución de Educación para la Ciudadanía o el replanteamiento de la píldora del día después, que acabarán rápidamente con algunos avances en cuestiones sociales del zapaterismo. Otros, como el cambio de la política ambiental y la Ley de Costas, la prórroga de vida de las nucleares y el anunciado cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, van mucho más allá de lo que Aznar hizo en ocho años de Gobierno.
El PP sigue creyendo en la construcción en la costa para salir de la crisis. Ya lo dijo Javier Arenas, en presencia de Rajoy, en Málaga: “Cuánto daño se ha hecho con eso de la guerra contra el ladrillo. Esta tierra sigue teniendo un enorme potencial urbanístico, y lo vamos a desarrollar”.
En esa línea, Miguel Arias Cañete solo necesitó dos semanas en el cargo para anunciar una reforma “muy profunda” de la norma para permitir que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de 1988 y autorizar nuevos usos en primera línea para “poner en valor” el litoral.
En ocho años, Aznar solo realizó una reforma menor sobre la norma, ya entonces muy polémica. Los ecologistas recuerdan con entusiasmo la gestión de su primer director general de Costas, Fernando Marín. “Incluso pidió que se parara la construcción en La Manga del Mar Menor”, recuerda Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste, un histórico defensor del litoral.
El anuncio no solo supera lo realizado entre 1996 y 2004, sino que va más allá de lo que personas relevantes del PP sostuvieron en la oposición (el programa electoral ni mencionaba la norma). En diciembre de 2010, Jaime García-Legaz, secretario general de FAES, escribió un artículo en La Verdad de Murcia: “La Ley de Costas, aprobada en 1988, es una de las pocas normas que en España han concitado consenso político. Aprobada por un Gobierno del PSOE y refrendada por el Gobierno del PP, ha servido y debe seguir sirviendo para preservar y mejorar el litoral español”. Según García-Legaz (hoy secretario de Estado de Comercio), el problema era cómo aplicaba la ley el Gobierno de Zapatero, pero dejaba claro: “Los objetivos de la Ley de Costas eran y siguen siendo los correctos: liberar el litoral español de construcciones que han deteriorado nuestro patrimonio natural”. Nada de eso vale ya.
Hay más ejemplos en los que Rajoy pasa por la derecha a Aznar (al menos a la gestión de Aznar). El 13 de septiembre de 2002, el Consejo de Seguridad Nuclear acordó que la nuclear de Zorita debía cerrar en 2006, con 38 años de funcionamiento. El secretario ejecutivo de Economía del PP, Vicente Martínez-Pujalte, resaltó que la decisión se había tomado por “un acuerdo entre el PP, el PSOE y CiU”. “Temía a los ecologistas y por eso cerró Zorita. Arriola le decía: ‘Presidente, presidente, que la nuclear no vende’. Ahora en FAES es el más pronuclear, pero tiene gracia que diga que él prorrogó la vida de las nucleares porque no fue así”, recuerda una fuente que vivió aquella negociación. El 19 de enero, Aznar reivindicó la prórroga de las nucleares como un invento suyo.
En cambio, nada más llegar a Industria, José Manuel Soria ha impulsado la prórroga de vida de la nuclear de Garoña hasta 2019, pese a que cumplió los 40 años de vida para los que fue inicialmente diseñada en 2011 y a que Zapatero fijó su fecha de cierre en 2013. La apuesta coincide con una moratoria a las primas de las renovables (el sistema de incentivos lo ideó el PP en 1997).
Los motivos políticos para esta catarata de anuncios son varios. Por una parte dar satisfacción a un colectivo, el más conservador, el más genuino del PP, indignado con las primeras medidas del Gobierno, las subidas de impuestos, un incumplimiento flagrante de sus promesas. El Gobierno empezó con muy mal pie con su electorado. Así lo admiten en privado diversos dirigentes. Hasta Rajoy lo dijo en público. “Y ya verás cuando nuestra gente empiece a mirar su nómina”, suelen añadir.
El Gobierno necesitaba cuanto antes dar satisfacción a su gente. Y parece que lo ha logrado, de momento: los medios conservadores están exultantes con las últimas reformas anunciadas. Las críticas tampoco preocupan demasiado. “Nos critican por hacer cosas los mismos que nos decían que no teníamos programa”, se defienden los populares ante el rechazo de la izquierda.
El segundo motivo de fondo son las malas noticias económicas. En la oposición, Rajoy siguió una estrategia clarísima: solo hablaba de economía. Era el paro y la crisis lo que más preocupaba a los ciudadanos, y lo que iba a llevarle a La Moncloa. Y, pese al enfado de los sectores más conservadores, sobre lo demás o no hablaba o se mantenía ambiguo. Ni siquiera quería prometer abiertamente que derogaría la ley del aborto. Las cosas han cambiado. Rajoy sigue hablando de economía, pero ya no puede dar más que malas noticias. Ahora el monotema de la oposición perjudica al Gobierno. Recortes, subidas de impuestos, malos datos de paro…
El Ejecutivo necesita ampliar el debate, meter otros asuntos en la agenda, intentar diversificar para moverse con más comodidad. En realidad, Rajoy sigue concentrado casi exclusivamente en la economía, pero la agenda pública, con sus ministros desplegados, se difumina y eso le beneficia, analizan en su entorno.
Cuando estaba en la oposición, el PP aseguraba que los socialistas sacaban estos asuntos —lo dijeron sobre todo del aborto— para “distraer la atención de la crisis”. Ahora es el Gobierno del PP quien se apunta a esa estrategia. Cuestión de necesidades.
Por último, hay una cuestión no menos importante. Durante las primeras semanas, los ministros no económicos estaban desfigurados. No tenían aún perfil, aunque la mayoría son muy conocidos, como Alberto Ruiz-Gallardón. Y todos han aprovechado sus comparecencias parlamentarias y sus primeras apariciones en los medios para buscar ese espacio.
El ejemplo de Gallardón es el más evidente. Nada más llegar ha sacado la artillería del aborto o ahora de las bodas ante notario. Y tiene más, como la reforma total de la forma de elección del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El ministro ha anunciado que la elección de los 12 vocales Poder Judicial volverá a ser competencia de los jueces. Así, será el propio sector (mayoritariamente conservador) quien elija a los vocales del organismo. Ese sistema estuvo en marcha hasta 1985 y en 1980, en las primeras elecciones, la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora) copó los 12 cargos. Ni Aznar volvió a la elección únicamente por los jueces. En 2001, PP y PSOE pactaron un modelo en el que los jueces proponían a 36 candidatos y las Cámaras elegían a 12. Ángel Acebes lo calificó como “ideal”.
Gallardón también ha anunciado la reforma de la ley del aborto para volver a un modelo como el de 1985, en el que las mujeres tendrán que alegar motivos para justificar su decisión. “Probablemente lo más progresista que yo vaya a haber hecho en mi vida política es defender el derecho a la vida”, declaró el ministro.
Esa necesidad de buscar perfil se ha visto en todos los ministros con ganas de marcar su agenda política. Ana Mato, Miguel Arias Cañete, José Ignacio Wert… Todos han logrado ya un protagonismo que en las primeras semanas, cuando la agenda estaba totalmente centrada en la economía, no tenían.
Mato ha encargado un estudio para ver si la píldora del día siguiente tiene efectos secundarios (si los tiene, la Agencia del Medicamento del Ministerio de Sanidad no los ha detectado en los 11 años que lleva a la venta en España). En 2000, cuando Sanidad tramitaba el registro del fármaco en España, la Conferencia Episcopal advirtió a la entonces ministra, Celia Villalobos, de que la píldora era “tan inmoral como el recurso al aborto por medio quirúrgicos”. El medicamento fue aprobado, aunque no lo financiaba la sanidad pública. En 2003, el mismo ministerio aceptó la investigación con embriones humanos.
Desde el Gobierno, la versión oficial es que lo que está pasando no es más que el normal cumplimiento del programa electoral que ha ganado las elecciones con mayoría absoluta. Y en parte es cierto. Sin embargo, el programa contenía la filosofía, pero era ambiguo para evitar perder votos por el centro. Un ejemplo es el aborto. En 212 páginas, esto es todo lo que se dice: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Nada se decía de cambiar la ley de plazos, la habitual en Europa.
Todos los que conocen bien al presidente saben que es un pragmático pero desde el punto de vista ideológico, es profundamente conservador. Dejará hacer a sus ministros pero no les frenará ninguna propuesta muy conservadora siempre que no tenga una gran contestación social, auguran en el PP. El matrimonio homosexual es un ejemplo. Rajoy no lo toca de momento porque sabe que la mayoría de la sociedad lo aprueba, pero apoyó que se recurriera ante el Constitucional y espera ahora a su sentencia para poder actuar.
El PP es un partido pensado para el poder. La inesperada derrota de 2004 nunca fue asimilada del todo. Los sectores más a la derecha del partido construyeron una imagen absolutamente consolidada ya en su mundo: Zapatero fue una especie de mal sueño al que hay que darle la vuelta cuanto antes. Salvo las grandes decisiones económicas —los expertos insisten en que ahí la política de Rajoy es continuista con la de Zapatero, en línea con la senda marcada por la UE— y tal vez la política antiterrorista, con matices, nada parece estar a salvo del deseo de acabar rápidamente con las huellas del zapaterismo.
Cuando le preguntaban a Rajoy en la oposición qué ha hecho bien el presidente, siempre citaba la política de Tráfico. Se pensaba, y Rajoy lo dejó caer, que el presidente tendría un gesto y mantendría a Pere Navarro al frente de la DGT.
Hasta hace un año, Rajoy decía que haría un Gobierno con gente de todo tipo, incluido alguno proveniente de la izquierda, modelo Sarkozy. Quería evitar la imagen de un Ejecutivo “puro PP”. Pero ese discurso empezó a desaparecer tras las municipales, en las que Rajoy ya dio por hecha la mayoría absoluta para las generales. Cuando llegó esa aplastante victoria, Rajoy llenó el Gobierno de amigos personales y políticos muy fieles.
Los ministros tienen bastante autonomía. Al presidente le gusta concentrarse en pocas cosas y dejar que cada uno asuma su responsabilidad. Si algo sale mal, siempre está a tiempo de cambiarlos. Porque ese es otro de los ejes de las reformas anunciadas estos días. La catarata de novedades son solo eso, anuncios. Cuando empiecen a plantearse en serio, muchas de ellas caerán si generan demasiada polémica.
El PP ha optado por la celeridad para que no le ocurra como a Aznar, que se dejó sin culminar algunas de sus reformas. “Cuanto antes, si puede ser, para que entre en vigor el próximo curso”. Así respondió un portavoz del Ministerio de Educación a la pregunta de cuándo se producirá el cambio, anunciado por el ministro Wert, en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se trata, dijo el ministro, de limpiarla de aquellos contenidos que, según las tesis de los sectores más conservadores encabezados por los obispos y asumidas por el Gobierno, adoctrinan a los alumnos y se meten en un terreno que corresponde a la familia.
Wert también ha dicho que quiere tener lista este mismo año la profunda reforma en los institutos, con lo que cambiará el sistema educativo vigente desde hace 20 años al quitarle un curso al bachillerato. El PP aún tiene clavada la espina por que la ley educativa que diseñó y aprobó su Gobierno en diciembre de 2002, la LOCE, no llegó a entrar en vigor salvo en algunos pocos detalles, pues Zapatero paralizó su aplicación en una de sus primeras medidas en el Gobierno a primeros de 2004. La LOCE, por cierto, no tocaba la estructura actual del sistema educativo.
El presidente, al contrario que Aznar con la guerra de Irak, no es un hombre dispuesto a enfrentarse al 90% de la opinión pública. Pero ahora, con la oposición desaparecida, sus ministros deseosos de tener perfil, su electorado con ganas de ver al PP en acción, y la bula que dan los 100 primeros días de Gobierno, era el momento. Y lo ha aprovechado.
Miguel Arias Cañete. Medio Ambiente ha anunciado una reforma “muy profunda” de la Ley de Costas, norma que el PP aplicó entre 1996 y 2004, para permitir nuevos usos en primera línea y alargar las concesiones.
José Ignacio Wert. El ministro Wert ha decidido eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y quiere tener en un año una profunda reforma en los institutos. La reforman de Aznar no llegó a entrar en vigor.
Ana Mato. Ha encargado un estudio para ver si la píldora del día siguiente tiene efectos secundarios, pese a que la Agencia del Medicamento no los ha detectado en los más de 10 años que lleva a la venta en España.
José Manuel Soria. Ha comenzado el proceso para prorrogar la vida de Garoña hasta 2019, más a allá de los 40 años para los que estaba diseñada. Ha dictado una moratoria para las nuevas primas a las renovables.
Carlos E. Cué. Rafael Méndez. El País. 4/2/12
El PP ha llegado al poder con ganas de que se note. Y ya no queda prácticamente nadie que no lo haya notado. Hace solo dos semanas, en la primera comparecencia parlamentaria de Soraya Sáenz de Santamaría, Ramón Jáuregui, un histórico del PSOE siempre moderado y con buenas relaciones con la vicepresidenta, buscaba puntos de encuentro. Trataba de convencer al PP de que, por ejemplo, no revolucione RTVE y tampoco frene el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.
En la bancada del PP, como si aún estuvieran en la oposición, empezaron los rumores. Cada vez estaban más enfadados. “¿Están ustedes diciendo que RTVE no es ahora neutral?”, se preguntaba Jáuregui. “Cierto”, le contestaba Federico Trillo, un genuino representante del PP, que lo ha sido todo en el partido y ahora camina hacia la Embajada en Washington. Molesto con la sesión, Trillo salió un momento al pasillo. “¿Pero esto qué es? ¿Ahora nos van a contar que hay que seguir con la memoria histórica y que RTVE es neutral? ¿Para esto hemos ganado las elecciones con mayoría absoluta?”, comentaba en los pasillos con su conocida ironía. Una muestra más de las ganas que tiene el PP de darle la vuelta a todo lo que pueda.
Y puede mucho. En las últimas dos semanas, los ministros han anunciado una catarata de reformas, muchas de ellas pensadas para satisfacer a la parte más conservadora del partido, como la del aborto, la sustitución de Educación para la Ciudadanía o el replanteamiento de la píldora del día después, que acabarán rápidamente con algunos avances en cuestiones sociales del zapaterismo. Otros, como el cambio de la política ambiental y la Ley de Costas, la prórroga de vida de las nucleares y el anunciado cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, van mucho más allá de lo que Aznar hizo en ocho años de Gobierno.
El PP sigue creyendo en la construcción en la costa para salir de la crisis. Ya lo dijo Javier Arenas, en presencia de Rajoy, en Málaga: “Cuánto daño se ha hecho con eso de la guerra contra el ladrillo. Esta tierra sigue teniendo un enorme potencial urbanístico, y lo vamos a desarrollar”.
En esa línea, Miguel Arias Cañete solo necesitó dos semanas en el cargo para anunciar una reforma “muy profunda” de la norma para permitir que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de 1988 y autorizar nuevos usos en primera línea para “poner en valor” el litoral.
En ocho años, Aznar solo realizó una reforma menor sobre la norma, ya entonces muy polémica. Los ecologistas recuerdan con entusiasmo la gestión de su primer director general de Costas, Fernando Marín. “Incluso pidió que se parara la construcción en La Manga del Mar Menor”, recuerda Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste, un histórico defensor del litoral.
El anuncio no solo supera lo realizado entre 1996 y 2004, sino que va más allá de lo que personas relevantes del PP sostuvieron en la oposición (el programa electoral ni mencionaba la norma). En diciembre de 2010, Jaime García-Legaz, secretario general de FAES, escribió un artículo en La Verdad de Murcia: “La Ley de Costas, aprobada en 1988, es una de las pocas normas que en España han concitado consenso político. Aprobada por un Gobierno del PSOE y refrendada por el Gobierno del PP, ha servido y debe seguir sirviendo para preservar y mejorar el litoral español”. Según García-Legaz (hoy secretario de Estado de Comercio), el problema era cómo aplicaba la ley el Gobierno de Zapatero, pero dejaba claro: “Los objetivos de la Ley de Costas eran y siguen siendo los correctos: liberar el litoral español de construcciones que han deteriorado nuestro patrimonio natural”. Nada de eso vale ya.
Hay más ejemplos en los que Rajoy pasa por la derecha a Aznar (al menos a la gestión de Aznar). El 13 de septiembre de 2002, el Consejo de Seguridad Nuclear acordó que la nuclear de Zorita debía cerrar en 2006, con 38 años de funcionamiento. El secretario ejecutivo de Economía del PP, Vicente Martínez-Pujalte, resaltó que la decisión se había tomado por “un acuerdo entre el PP, el PSOE y CiU”. “Temía a los ecologistas y por eso cerró Zorita. Arriola le decía: ‘Presidente, presidente, que la nuclear no vende’. Ahora en FAES es el más pronuclear, pero tiene gracia que diga que él prorrogó la vida de las nucleares porque no fue así”, recuerda una fuente que vivió aquella negociación. El 19 de enero, Aznar reivindicó la prórroga de las nucleares como un invento suyo.
En cambio, nada más llegar a Industria, José Manuel Soria ha impulsado la prórroga de vida de la nuclear de Garoña hasta 2019, pese a que cumplió los 40 años de vida para los que fue inicialmente diseñada en 2011 y a que Zapatero fijó su fecha de cierre en 2013. La apuesta coincide con una moratoria a las primas de las renovables (el sistema de incentivos lo ideó el PP en 1997).
Los motivos políticos para esta catarata de anuncios son varios. Por una parte dar satisfacción a un colectivo, el más conservador, el más genuino del PP, indignado con las primeras medidas del Gobierno, las subidas de impuestos, un incumplimiento flagrante de sus promesas. El Gobierno empezó con muy mal pie con su electorado. Así lo admiten en privado diversos dirigentes. Hasta Rajoy lo dijo en público. “Y ya verás cuando nuestra gente empiece a mirar su nómina”, suelen añadir.
El Gobierno necesitaba cuanto antes dar satisfacción a su gente. Y parece que lo ha logrado, de momento: los medios conservadores están exultantes con las últimas reformas anunciadas. Las críticas tampoco preocupan demasiado. “Nos critican por hacer cosas los mismos que nos decían que no teníamos programa”, se defienden los populares ante el rechazo de la izquierda.
El segundo motivo de fondo son las malas noticias económicas. En la oposición, Rajoy siguió una estrategia clarísima: solo hablaba de economía. Era el paro y la crisis lo que más preocupaba a los ciudadanos, y lo que iba a llevarle a La Moncloa. Y, pese al enfado de los sectores más conservadores, sobre lo demás o no hablaba o se mantenía ambiguo. Ni siquiera quería prometer abiertamente que derogaría la ley del aborto. Las cosas han cambiado. Rajoy sigue hablando de economía, pero ya no puede dar más que malas noticias. Ahora el monotema de la oposición perjudica al Gobierno. Recortes, subidas de impuestos, malos datos de paro…
El Ejecutivo necesita ampliar el debate, meter otros asuntos en la agenda, intentar diversificar para moverse con más comodidad. En realidad, Rajoy sigue concentrado casi exclusivamente en la economía, pero la agenda pública, con sus ministros desplegados, se difumina y eso le beneficia, analizan en su entorno.
Cuando estaba en la oposición, el PP aseguraba que los socialistas sacaban estos asuntos —lo dijeron sobre todo del aborto— para “distraer la atención de la crisis”. Ahora es el Gobierno del PP quien se apunta a esa estrategia. Cuestión de necesidades.
Por último, hay una cuestión no menos importante. Durante las primeras semanas, los ministros no económicos estaban desfigurados. No tenían aún perfil, aunque la mayoría son muy conocidos, como Alberto Ruiz-Gallardón. Y todos han aprovechado sus comparecencias parlamentarias y sus primeras apariciones en los medios para buscar ese espacio.
El ejemplo de Gallardón es el más evidente. Nada más llegar ha sacado la artillería del aborto o ahora de las bodas ante notario. Y tiene más, como la reforma total de la forma de elección del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El ministro ha anunciado que la elección de los 12 vocales Poder Judicial volverá a ser competencia de los jueces. Así, será el propio sector (mayoritariamente conservador) quien elija a los vocales del organismo. Ese sistema estuvo en marcha hasta 1985 y en 1980, en las primeras elecciones, la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora) copó los 12 cargos. Ni Aznar volvió a la elección únicamente por los jueces. En 2001, PP y PSOE pactaron un modelo en el que los jueces proponían a 36 candidatos y las Cámaras elegían a 12. Ángel Acebes lo calificó como “ideal”.
Gallardón también ha anunciado la reforma de la ley del aborto para volver a un modelo como el de 1985, en el que las mujeres tendrán que alegar motivos para justificar su decisión. “Probablemente lo más progresista que yo vaya a haber hecho en mi vida política es defender el derecho a la vida”, declaró el ministro.
Esa necesidad de buscar perfil se ha visto en todos los ministros con ganas de marcar su agenda política. Ana Mato, Miguel Arias Cañete, José Ignacio Wert… Todos han logrado ya un protagonismo que en las primeras semanas, cuando la agenda estaba totalmente centrada en la economía, no tenían.
Mato ha encargado un estudio para ver si la píldora del día siguiente tiene efectos secundarios (si los tiene, la Agencia del Medicamento del Ministerio de Sanidad no los ha detectado en los 11 años que lleva a la venta en España). En 2000, cuando Sanidad tramitaba el registro del fármaco en España, la Conferencia Episcopal advirtió a la entonces ministra, Celia Villalobos, de que la píldora era “tan inmoral como el recurso al aborto por medio quirúrgicos”. El medicamento fue aprobado, aunque no lo financiaba la sanidad pública. En 2003, el mismo ministerio aceptó la investigación con embriones humanos.
Desde el Gobierno, la versión oficial es que lo que está pasando no es más que el normal cumplimiento del programa electoral que ha ganado las elecciones con mayoría absoluta. Y en parte es cierto. Sin embargo, el programa contenía la filosofía, pero era ambiguo para evitar perder votos por el centro. Un ejemplo es el aborto. En 212 páginas, esto es todo lo que se dice: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Nada se decía de cambiar la ley de plazos, la habitual en Europa.
Todos los que conocen bien al presidente saben que es un pragmático pero desde el punto de vista ideológico, es profundamente conservador. Dejará hacer a sus ministros pero no les frenará ninguna propuesta muy conservadora siempre que no tenga una gran contestación social, auguran en el PP. El matrimonio homosexual es un ejemplo. Rajoy no lo toca de momento porque sabe que la mayoría de la sociedad lo aprueba, pero apoyó que se recurriera ante el Constitucional y espera ahora a su sentencia para poder actuar.
El PP es un partido pensado para el poder. La inesperada derrota de 2004 nunca fue asimilada del todo. Los sectores más a la derecha del partido construyeron una imagen absolutamente consolidada ya en su mundo: Zapatero fue una especie de mal sueño al que hay que darle la vuelta cuanto antes. Salvo las grandes decisiones económicas —los expertos insisten en que ahí la política de Rajoy es continuista con la de Zapatero, en línea con la senda marcada por la UE— y tal vez la política antiterrorista, con matices, nada parece estar a salvo del deseo de acabar rápidamente con las huellas del zapaterismo.
Cuando le preguntaban a Rajoy en la oposición qué ha hecho bien el presidente, siempre citaba la política de Tráfico. Se pensaba, y Rajoy lo dejó caer, que el presidente tendría un gesto y mantendría a Pere Navarro al frente de la DGT.
Hasta hace un año, Rajoy decía que haría un Gobierno con gente de todo tipo, incluido alguno proveniente de la izquierda, modelo Sarkozy. Quería evitar la imagen de un Ejecutivo “puro PP”. Pero ese discurso empezó a desaparecer tras las municipales, en las que Rajoy ya dio por hecha la mayoría absoluta para las generales. Cuando llegó esa aplastante victoria, Rajoy llenó el Gobierno de amigos personales y políticos muy fieles.
Los ministros tienen bastante autonomía. Al presidente le gusta concentrarse en pocas cosas y dejar que cada uno asuma su responsabilidad. Si algo sale mal, siempre está a tiempo de cambiarlos. Porque ese es otro de los ejes de las reformas anunciadas estos días. La catarata de novedades son solo eso, anuncios. Cuando empiecen a plantearse en serio, muchas de ellas caerán si generan demasiada polémica.
El PP ha optado por la celeridad para que no le ocurra como a Aznar, que se dejó sin culminar algunas de sus reformas. “Cuanto antes, si puede ser, para que entre en vigor el próximo curso”. Así respondió un portavoz del Ministerio de Educación a la pregunta de cuándo se producirá el cambio, anunciado por el ministro Wert, en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se trata, dijo el ministro, de limpiarla de aquellos contenidos que, según las tesis de los sectores más conservadores encabezados por los obispos y asumidas por el Gobierno, adoctrinan a los alumnos y se meten en un terreno que corresponde a la familia.
Wert también ha dicho que quiere tener lista este mismo año la profunda reforma en los institutos, con lo que cambiará el sistema educativo vigente desde hace 20 años al quitarle un curso al bachillerato. El PP aún tiene clavada la espina por que la ley educativa que diseñó y aprobó su Gobierno en diciembre de 2002, la LOCE, no llegó a entrar en vigor salvo en algunos pocos detalles, pues Zapatero paralizó su aplicación en una de sus primeras medidas en el Gobierno a primeros de 2004. La LOCE, por cierto, no tocaba la estructura actual del sistema educativo.
El presidente, al contrario que Aznar con la guerra de Irak, no es un hombre dispuesto a enfrentarse al 90% de la opinión pública. Pero ahora, con la oposición desaparecida, sus ministros deseosos de tener perfil, su electorado con ganas de ver al PP en acción, y la bula que dan los 100 primeros días de Gobierno, era el momento. Y lo ha aprovechado.
Medidas para cinco ministros
Alberto Ruiz-Gallardón. El ministro de Justicia ha anunciado que la ley del aborto y la elección del Consejo Poder Judicial volverán al sistema de 1985. Aznar en ocho años no cambió la primera norma y pactó con el PSOE la segunda.Miguel Arias Cañete. Medio Ambiente ha anunciado una reforma “muy profunda” de la Ley de Costas, norma que el PP aplicó entre 1996 y 2004, para permitir nuevos usos en primera línea y alargar las concesiones.
José Ignacio Wert. El ministro Wert ha decidido eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y quiere tener en un año una profunda reforma en los institutos. La reforman de Aznar no llegó a entrar en vigor.
Ana Mato. Ha encargado un estudio para ver si la píldora del día siguiente tiene efectos secundarios, pese a que la Agencia del Medicamento no los ha detectado en los más de 10 años que lleva a la venta en España.
José Manuel Soria. Ha comenzado el proceso para prorrogar la vida de Garoña hasta 2019, más a allá de los 40 años para los que estaba diseñada. Ha dictado una moratoria para las nuevas primas a las renovables.
Carlos E. Cué. Rafael Méndez. El País. 4/2/12
División en el PP
El apoyo explícito del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al matrimonio homosexual ha provocado una marejada dentro de su propio partido, contrario a la norma que lo permite. Al exalcalde de Madrid le han replicado inmediatamente el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el de Industria, José Manuel Soria, y la de Sanidad, Ana Mato. Los tres han recordado que el PP recurrió las bodas gais por dudar de su constitucionalidad y que esperan el veredicto del Tribunal Constitucional. Para avivar la polémica, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, se ha alineado con Ruiz-Gallardón asegurando que, como él, a nivel personal, es partidario de ese derecho reconocido por ley en 2005.
La división interna en el PP sobre este asunto no es una novedad. El propio Ruiz-Gallardón la había puesto de manifiesto estando en la oposición cuando casó a parejas homosexuales. Una vez que los populares han accedido al poder, la resonancia de sus discrepancias se acrecienta inevitablemente y estas dejan al descubierto la estrategia agitadora en la que se había instalado el PP para erosionar al Gobierno socialista. Con Federico Trillo como ariete en la defensa de los valores más reaccionarios y cabeza de puente con la Conferencia Episcopal, el Partido Popular deploró primero las uniones de hecho para abrazarlas después, rechazó la posibilidad de que las parejas homosexuales pudieran adoptar hijos y, finalmente, recurrió al Constitucional simplemente por considerar que la palabra matrimonio no era la adecuada para una institución que tradicionalmente solo se había utilizado para parejas heterosexuales. Un problema, en definitiva, de denominación difícilmente impugnable por vulneración de derechos.
Esa estrategia se vuelve ahora contra el Gobierno, obligado a tomar una decisión sobre un asunto que carece de consenso en el PP: o derogar el matrimonio homosexual incluso si el Constitucional lo da por válido, algo que Rajoy no ha querido nunca descartar con claridad, o atenerse al veredicto de los jueces, lo que desean tanto Gallardón como Alonso, y desairar al sector social más conservador que el PP ha utilizado en su estrategia de acoso.
El titular de Justicia ha revestido esa falta de consenso esgrimiendo un argumento discutible. Según Ruiz-Gallardón, mientras que es imperativo aguardar el fallo del Constitucional para el matrimonio gay, no es necesario hacer lo propio para la ley del aborto (que el PP quiere derogar) porque sobre ella, dice, el alto tribunal ya se ha pronunciado. El Constitucional puso reparos a la ley de 1985 y a la Ley de Reproducción Asistida de 1989. En ambos casos, el PP recurrió en reclamación del derecho del no nacido y ambas normas se adaptaron al fallo judicial. Esgrimir ahora que la ley de plazos de 2010 vulnera el derecho del feto es la interpretación del ministro de Justicia y de su partido, pero no, que se sepa todavía, la del Constitucional.
Editorial. El País. 12/11/12
Ataque frontal a la Constitución
El PP tiró ayer de un pobre argumentario para defender el mayor ataque lanzado en democracia contra los derechos de los trabajadores: “Las manifestaciones no crean puestos de trabajo”. Es un simplismo equivalente a decir que las marchas contra el matrimonio gay no eliminan la homosexualidad, lo que no evita que la derecha las aplauda con entusiasmo. Pero no está el patio para simplismos.
La reforma aprobada por el PP supone dinamitar las relaciones laborales, situando en un plano de total subordinación al trabajador frente al empresario. Estamos, por tanto, ante una imposición ideológica que ataca de forma frontal el artículo 1 de la Constitución, donde se afirma que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho”. Esa definición no debería ser mera palabrería, sino que consagra un modelo de Estado que defiende los derechos sociales de las personas y cuyo texto pionero fue (qué ironía) la Ley Fundamental de Bonn de 1949, principal inspiración de la Carta Magna española. Con el decretazo del viernes, y con los ataques a la sanidad y la educación pública que ejecutan sus presidentes autonómicos, Rajoy está laminando la parte “social” de la definición constitucional.
Hay que denunciar también la enésima mentira de Rajoy, ya que antes de llegar a la Moncloa prometió no abaratar el despido, y el hecho de que la vicepresidenta Santamaría ocultase una parte sustancial del decretazo en su comparecencia del viernes tras el Consejo de Ministros. El Gobierno que siempre iba a decir la verdad se está mostrando como el Gobierno de la mentira.
Manuel Rico Público.es 11/2/12
sábado, 11 de febrero de 2012
Mal ganar...o peor
Tras el escarmiento de las puñetas, tocaba el remate a manos del escuadrón plumífero. “Justicia para el justiciero”, celebraba La Razón en primera. “Garzón, juez indigno”, añadía el editorialista, con los brazos en alto por la victoria sobre “una feroz campaña mediática para demonizar a los magistrados” y “un acoso político organizado por la izquierda asilvestrada”. Apenas un menú degustación de lo que viene a continuación. Prepárense.
“Una sentencia unánime, contundente y clarificadora pone fin con deshonor a la carrera de un juez que ha intoxicado el sistema de sectarismo, arbitrariedades y abusos, durante demasiados años. En su caída, hay sanción y hay vergüenza”, se relamía de felicidad y venganza el amanuense jornada de Libertad Digital.
En la primera de El Mundo pedrojotesco, regodeo a cuenta de las palabras utilizadas por sus condenantes señorías: “Garzón expulsado por actuar como los jueces de los regímenes totalitarios”, rezaba a gritos el titular de primera. El editorialista vertía más vinagre sobre la herida: “Garzón actuó como si fuera juez de Pinochet”. Y como puntilla, Federico Jiménez Losantos bailaba un claqué sobre la tumba judicial aventando que la sentencia “ha demostrado que la izquierda en España es difícilmente compatible con el Estado de Derecho. Y el nacionalismo, más”. Molestan menos en las cunetas, ¿no?
Tertsch, eufórico
El vetusto ABC, que no hace tanto cubría de inciensos al caído en desgracia, lo apuñalaba así en primera: “Garzón, inhabilitado once años por sus métodos totalitarios”. En el interior, toda la columnada era una fiesta, aunque era Hermann Tertsch, qué raro, el más animado. Tenía dos buenas noticias por las que brindar: “La primera es la evidente, que Garzón nunca podrá volver a juzgar a nadie. La segunda es que la izquierda se topa de bruces con la certeza de que han fracasado sus intentos de situarse definitivamente por encima de las leyes”. Otra vez cautivos y desarmados los putos rojos.
Con la misma saña y e idéntico mal ganar, La Gaceta se albriciaba en primera: “Garzón, el juez prevaricador, expulsado de la carrera judicial”. El editorialista corría a clavar su divisa sobre la maltrecha toga: “El juez totalitario”. Y aun faltaba el jefe de la banda de la porra intereconómica, Carlos Dávila, que se autoeligió para asestar el golpe de gracia en una descarga titulada “El prevaricador”. ¡Buff!
Javier Vizcaíno. Público.es 11/2/12
miércoles, 1 de febrero de 2012
La contrarreforma
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, confirmó ayer su proyecto de reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 para regresar al modelo anterior, si bien de sus palabras no se puede descartar que acabe impulsando un sistema aún más restrictivo que el que contemplaba la ley de 1985. Consecuente con la ideología de su partido, pero también y, sobre todo, extremadamente permeable al sector más reaccionario del mismo, Ruiz-Gallardón no pretende únicamente derogar el artículo que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento de los padres. También anunció, sin más concreciones, que se pondrá fin al modelo de plazos.
El PP, que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra parte de la norma de 2010, siempre se ha opuesto a que las menores puedan abortar sin consentimiento parental. Legalmente tiene sentido porque los jóvenes de 16 y 17 años, según la Ley de Autonomía del Paciente, pueden someterse libremente a una operación quirúrgica y están facultados para casarse y tener hijos. El proyecto del PP devuelve la cuestión a la situación anterior, en la que una joven podía decidir tener un hijo, pero no lo contrario.
Pero más allá del asunto de las menores, que efectivamente cuenta con un respaldo social más frágil, la contrarreforma de Ruiz-Gallardón amenaza con hurtar de nuevo a la mujer, mayor o menor de edad, la capacidad de decidir sobre su maternidad, algo tan íntimo e intransferible. El regreso a la ley de 1985 es la vuelta a la minoría de edad de las mujeres, dependientes de decisiones ajenas y obligadas casi por norma a mentir. El 90% de los abortos voluntarios que se practican en España se acogen al tercer supuesto de riesgo de la vida o la salud de la mujer.
Pero la intención del ministro es más expeditiva. Analizar en profundidad los supuestos "de inexistencia de reproche penal" en caso de aborto es una florida expresión que puede desembocar en la persecución penal de las que aborten. El guiño a los movimientos provida utilizando sus mismos argumentos de "derecho a la vida" augura un retroceso histórico. Volver a 1985 puede ser el escenario menos malo si se tiene en cuenta que limitarse a amputar la ley de 2010 lograría un engendro peor, dado que, por ejemplo, la norma antigua ni siquiera imponía plazos en el tercer supuesto, cosa que sí hace, lógicamente, la ahora vigente.
Estudios recientes demuestran que las leyes más permisivas no generan más abortos. Así ha quedado demostrado también en España. Esos mismos análisis señalan, en cambio, que a mayores restricciones, más intervenciones clandestinas y más riesgos para las gestantes, algo que escapa a las competencias de Ruiz-Gallardón. Que haya sido un ministro de Justicia y no de Sanidad el que ha emprendido esta batalla es ya de por sí todo un símbolo sobre las sensibilidades de este Gobierno y un mal augurio de lo que les espera, otra vez, a las mujeres.
Editorial. El País. 1/2/12
Un quince eme para la justicia
El derecho no tiene por qué ser Don Quijote. Y ocurre a menudo que la razón y el corazón de la ciudadanía se acongoje por determinadas sentencias, desde la que absolvió a varios de los implicados en el caso de Marta del Castillo alegando insuficiencia de pruebas, como la que convirtió a Francisco Camps en un mártir en vez de un notable usuario de trajes por cohecho impropio. ¿Cómo explicarnos la presencia en el banquillo de un juez acusado por los fascistas de investigar los crímenes del franquismo? Algo falla. Y habrá que repararlo para que el afecto hacia las victimas no escatime garantías para los encausados, o viceversa.
Después de linchar el noble ejercicio de la política en la plaza pública, ahora vamos por el de la justicia. Ambos oficios, es cierto, han dado motivos para ello, pero tampoco es plan de quedarnos sin civilización frente a la barbarie.
Haría falta un quince eme para la administración justiciera. Sin embargo, resulta dudoso que la reforma que plantea el ministro Alberto Ruíz Gallardón vaya a alcanzar semejante objetivo. La sonrisa del PP quiere establecer la prisión permanente porque sabe que incluso en sus propias filas encontraría rechazo la cadena perpetua. Pero que se lo pregunten a Miguel Montes Neiro, que lleva encadenando condenas desde el 76, sin delito de sangre ni que le valga el indulto parcial del anterior Gobierno. Preciso sería más bien aplicar una reforma concienzuda de la ley de enjuiciamiento criminal tan decimonónica, en una España donde la legislación es tan exigente que tenemos las cárceles llenas en el país con menos criminalidad de su entorno.
Es legítimo que la derecha quiera reformar la justicia, pero ahora pretende sentar a los presuntos delincuentes menores en el banquillo que los adultos y que sus padres le acompañen a la hora de abortar aunque no a ser operados a corazón abierto como permite la ley de autonomía del paciente de la era Aznar. Tal vez convendría bajar la mayoría de edad a los dieciséis y el derecho al voto por lo tanto. A lo mejor ellos sabrían cómo hacer que la justicia fuera justa y poética al mismo tiempo. O que Don Quijote llevara toga de vez en cuando.
Juan José Téllez Público.es 30/01/12
Después de linchar el noble ejercicio de la política en la plaza pública, ahora vamos por el de la justicia. Ambos oficios, es cierto, han dado motivos para ello, pero tampoco es plan de quedarnos sin civilización frente a la barbarie.
Haría falta un quince eme para la administración justiciera. Sin embargo, resulta dudoso que la reforma que plantea el ministro Alberto Ruíz Gallardón vaya a alcanzar semejante objetivo. La sonrisa del PP quiere establecer la prisión permanente porque sabe que incluso en sus propias filas encontraría rechazo la cadena perpetua. Pero que se lo pregunten a Miguel Montes Neiro, que lleva encadenando condenas desde el 76, sin delito de sangre ni que le valga el indulto parcial del anterior Gobierno. Preciso sería más bien aplicar una reforma concienzuda de la ley de enjuiciamiento criminal tan decimonónica, en una España donde la legislación es tan exigente que tenemos las cárceles llenas en el país con menos criminalidad de su entorno.
Es legítimo que la derecha quiera reformar la justicia, pero ahora pretende sentar a los presuntos delincuentes menores en el banquillo que los adultos y que sus padres le acompañen a la hora de abortar aunque no a ser operados a corazón abierto como permite la ley de autonomía del paciente de la era Aznar. Tal vez convendría bajar la mayoría de edad a los dieciséis y el derecho al voto por lo tanto. A lo mejor ellos sabrían cómo hacer que la justicia fuera justa y poética al mismo tiempo. O que Don Quijote llevara toga de vez en cuando.
Juan José Téllez Público.es 30/01/12
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